Las tragedias registradas en rutas y calles vuelven a poner en el centro del debate la inseguridad vial. “Un dato crítico para la planificación estratégica de esta provincia es que la impericia y las infracciones viales son sustancialmente más letales que el crimen organizado”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.

El funcionario, basándose en el informe preliminar del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, detalló que durante 2025 se registraron 47 homicidios en Tucumán. En contraste, 239 personas perdieron la vida en siniestros viales. “A ese número debemos sumarle los más de 6.400 tucumanos que resultaron lesionados por hechos vinculados con la inseguridad vial”, agregó.

Estadísticamente, durante 2025 murió una persona cada 36 horas aproximadamente como consecuencia de un accidente de tránsito. Además, unas 17 personas por día resultaron heridas y debieron recibir asistencia médica.

En otras provincias, donde la problemática es abordada como una verdadera cuestión de salud pública, se optó por implementar medidas integrales para reducir la siniestralidad. No se limitaron únicamente a endurecer las sanciones o a exigir nuevas normas, fórmulas que por sí solas han demostrado tener una eficacia limitada si no están acompañadas por políticas preventivas.

Uno de los primeros pasos fue reforzar las campañas de educación vial e incrementar la señalización en los sectores considerados de mayor riesgo. Basta recorrer las rutas nacionales 9 y 38 para advertir que son escasos los carteles que alertan sobre cruces con caminos vecinales o sobre el ingreso frecuente de maquinaria agrícola y camiones vinculados a la producción.

En Salta, por ejemplo, productores, municipios y autoridades provinciales alcanzaron acuerdos para implementar medidas preventivas durante las épocas de cosecha. Entre ellas, las empresas de transporte de carga deben disponer de personas encargadas de advertir a los automovilistas cuando un camión está por incorporarse a una ruta. Se trata de una acción sencilla que, según destacan las autoridades de esa provincia, contribuyó a disminuir la cantidad de accidentes en zonas rurales.

Por supuesto, estas iniciativas no constituyen soluciones definitivas. Son herramientas que ayudan a reducir riesgos mientras se avanza en políticas de largo plazo. Lo importante es que no surgieron de decisiones unilaterales ni de respuestas improvisadas, sino de procesos de debate en los que participaron autoridades, productores, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las tragedias que periódicamente enlutan a Tucumán exigen respuestas urgentes. Pero, sobre todo, requieren la construcción de políticas públicas sostenidas en el tiempo, capaces de trascender coyunturas y de adaptarse a una realidad que cambia permanentemente. Cada nueva víctima demuestra que el problema ya no admite demoras.